Lic. Heli Trevizo, Red de Cohesión y Participación Social, 1, 2, 3 por mí y mi Comunidad.
Lic. Marco Cancino, Inteligencia Pública
Desde mediados de 2018 el municipio de Chihuahua comenzó el proceso de implementación del “Modelo Homologado de Justicia Cívica” (MHJC),que tiene como objetivo atender las causas que generan la conflictividad social y acercar a la comunidad a medios alternativos de solución de controversias.
Con este nuevo paradigma, se transita de un modelo de justicia administrativa que privilegia sanciones como el arresto, las multas y las amonestaciones como formas de modificar el comportamiento ciudadano, a un mecanismo más orientado a atender e incidir en los factores de riesgo que intervienen en la comisión de las faltas administrativas.
En la práctica, dichos factores de riesgo o causas subyacentes al conflicto se identifican con un instrumento de evaluación del perfil psicosocial o tamizaje, realizado por personal de los juzgados cívicos de los municipios, a las personas que presuntamente cometieron una falta administrativa; y es a partir de dicho tamizaje que, tanto los juzgados cívicos como las áreas de atención o trabajo social, pueden canalizar a las personas infractoras a alternativas como lo son el trabajo a favor de la comunidad u otras medidas de mejorarmiento de la convivencia cotidiana que les brinden herramientas para enfrentar en mejores condiciones los factores de riesgo asociados a su perfil.
Con lo anterior en mente y buscando dar la mayor certeza posible en las canalizaciones, en Chihuahua se consolidó un grupo plural y multidiciplinario con el fin de mejorar el tamizaje que hasta ahora se ha venido utilizando. Dicho grupo cuenta con la participación de especialistas en la materia tales como la Dra. Nelly Flores, además de la sociedad civil chihuahuense tales como Red de Cohesión y Participación Social 1, 2, 3 por Mí y por Mi Comunidad, A.C. y Ágape Elím A.C. a través de la Comisión de Proyectos Especiales, Justicia Cívica del Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (COPREV), la autoridad municipal representada por la Dirección de Segurdad Pública Municipal (DSPM) y los empresarios que forman parte del consejo de FICOSEC empresarios de Chihuahua, todo acompañados por la experiencia del Programa Juntos por la Prevención de la Violencia de USAID.
En total se analizaron y evaluaron 2 mil 603 tamizajes previamente realizados por personal de la DSPM a fin de detectar áreas de oportunidad en el instrumento. A partir de dicho análisis se pudo desarrollar una nueva herramienta que en primer lugar permite identificar la presencia o ausencia de hasta seis factores de riesgo psicosociales y en segundo, puede ser aplicada por personal de psicología o trabajo social, de manera personal con una duración de no más de 20 minutos.
Es importante considerar que la utilidad de esta herramienta no sólo radica en la identificación de los factores de riesgo asociados a los infractrores, lo que puede incidir en la toma de decisiones del gobierno; sino que da la oportunidad a que se ofrezcan programas sociales orientados a atender las causas que originan el conflicto y a restituir el daño al tejido social a través de programas de corte terapétutico y no terapéutico.
La aplicación de la nueva herramienta derivará también, de manera indirecta, en el involucramiento y la participación de diversos actores sociales, de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de organizaciones de la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada e incluso de los medios de comunicación, para ofertar soluciones alternativas a las ahora usadas.
Por el momento, la herramienta es aplicable a mayores de edad, pero se tienen planes de adaptarla para ser incluida en los casos de personas adolescentes en conflicto con la ley. Además es notable que, habiendo sido generada en Chihuahua, el nuevo tamizaje se exportará a otras latitudes en todo el país, como son La Paz, Hermosillo, Cancún, Playa del Carmen, Morelia, Tonalá, San Pedro Garza Carcía, Ciudad Júarez, entre otros municipios.
Con esto, Chihuahua se pone a la vanguardia en la búsqueda por reducir la reincidencia de faltas administrativas y la conflictividad social, mientras que se trabaja para restituir el tejido social y promover la cultura de la legalidad.